Autor

Gustavo Aleixo

Fecha

noviembre 21, 2014

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Atendiendo una invitación del Rectorado de la Universidad Agraria de Colombia, el día 17 de octubre, el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia, Mario Carvajal Lozano, ofreció una conferencia referida a “Los recursos naturales en la Constitución y la legislación boliviana”, como parte de las actividades académicas programadas en la “Semana Internacional de Investigación Jurídica”.

Durante su exposición resaltó que los pueblos indígenas son pilares fundamentales de un nuevo país, para la preservación de la naturaleza, para distribuir equitativamente los beneficios de los recursos naturales y de los territorios que habitamos ancestralmente.

En la nueva Constitución se asumen los saberes, valores y principios ancestrales como filosofía del Estado Plurinacional. De manera que los pueblos indígena originario campesinos, no sólo aportan con su cultura al Estado, sino también con su filosofía de vida. Los idiomas indígena originario campesinos son oficiales y se establece la obligación de utilizar por lo menos uno en la administración pública, explicó el Embajador.

Se adopta como una forma de democracia la democracia comunitaria que se expresa en la elección de representantes por formas propias de gobierno, la realización de Cabildos y Asambleas Comunitarias y las múltiples formas de autogobierno y autogestión comunitaria.

También tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En lo concerniente a la administración de tierras, en el Capítulo noveno, el artículo 393 señala que “el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”, dijo el Embajador Carvajal.

En cuanto al desarrollo legislativo de estos temas contemplados en la Constitución, se indicó que en junio de 2011, se promulgó la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, cuyo propósito central es garantizar la seguridad alimentaria del pueblo con soberanía. Posteriormente, en octubre de 2012, se aprobó la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Antes de concluir explicó el proceso de nacionalización de los recursos naturales y los beneficios que de ella se derivaron con la aprobación de bonos solidarios, el emprendimiento de obras públicas de infraestructura y el mejoramiento de los indicadores de desarrollo social, beneficiando al pueblo boliviano.